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El Reto de la Suprema Corte
Enfoque - Reforma y El Norte / Enrique Ochoa Reza
Jun 24, 2007

Los mecanismos de apertura y transparencia que utilizó la Suprema Corte para resolver el caso de la Ley de Radio y Televisión han dejado atrás diversos mitos y establecen un referente positivo de cómo puede funcionar un nuevo sistema de justicia penal para el País. El siguiente reto para la Corte es impulsar que la publicidad y la transparencia se conviertan en la práctica común del sistema de justicia.

 

Las innovaciones que adoptó la Corte rompieron con una larga tradición histórica de hermetismo para sustituirla por mecanismos públicos y transparentes. Utilizó la internet para hacer público el proyecto de sentencia del Ministro Aguirre Anguiano; transmitió por televisión las audiencias del caso; escuchó los argumentos de las dos partes interesadas; permitió que expertos presentaran pruebas técnicas en audiencia pública y oral; con las pruebas sobre la mesa, resolvió cada uno de los elementos de la demanda, y finalmente, en una sesión abierta a las partes, sus abogados y el público en general, dictó sentencia.

 

En su discurso al cierre de las deliberaciones, el Ministro Ortiz Mayagoitia reconoció que la Corte adoptó "algunas medidas especiales que fueron de enorme utilidad para el proceso" y que la Corte "resolverá todos los asuntos venideros con el mismo espíritu de transparencia". Esta voluntad de cambio debe ser el punto de partida para revisar el funcionamiento del eslabón más débil del sistema de justicia: la materia penal.

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Los enfrentamientos en Trípoli, al norte de Líbano, durante las últimas tres semanas han dejado docenas de muertos, más de 100 heridos y casi 20 mil personas desplazadas del campamento palestino Nahr el-Bared. La magnitud de los daños humanos y materiales es difícil de calcular.

Durante días el Ejército libanés y los miembros del grupo terrorista Fatah al-Islam mantuvieron como rehenes a cerca de 40 mil palestinos al interior de un campamento cercado, sin acceso a agua, con poca comida y sin poder salir de sus casas ante el riesgo de morir bajo el fuego cruzado. Si bien nadie sabe cómo terminará este triste episodio, valdría la pena revisar los sucesos que llevaron a él. ¿Hay en estos hechos alguna advertencia para México en cuanto al combate contra el crimen organizado?

Según las primeras versiones, los enfrentamientos iniciales al norte de Líbano provinieron de un acto circunstancial. El sábado 19 de mayo, un grupo armado asaltó un banco en Trípoli, llevándose un botín de mil 500 dólares. Al día siguiente, un comando del Ejército libanés había acorralado a los supuestos responsables en uno de los edificios de la Ciudad, mientras otros supuestos responsables habían huido al interior del campamento palestino.

En un primer intento por tomar control del edifico que servía como escondite, miembros del Ejército intercambiaron disparos con los presuntos delincuentes, resultando muertes en ambos bandos. Los sobrevivientes del Ejército pidieron refuerzos, y como es de esperarse, momentos más tarde llegaron tanques y más tropas. Poco después dio inicio propiamente el combate en diversos puntos de la ciudad.

Hace cuatro días que se desató la violencia en Líbano y es difícil pronosticar cómo se va a detener. En el norte, en la ciudad de Trípoli, el ejército libanés combate con miembros del grupo terrorista Fatah al-Islam que se encuentran resguardados principalmente en el campamento palestino Nahr al-Bared.

En Beirut, un coche bomba explotó alrededor de la medianoche del domingo, cerca de un famoso centro comercial, mató a una mujer e hirió a 20 personas más. En la noche del lunes, casi 24 horas después, otro coche bomba explotó en una zona comercial dejando a cuando menos 10 personas heridas, incluyendo a dos niños.

Por difícil que parezca, estos actos de violencia -si bien demandan atención inmediata- no son el principal problema político que tiene Líbano. De hecho son tan sólo una lamentable manifestación de la confrontación política entre el gobierno y la oposición que durante más de seis meses le ha abierto las puertas al encono y a la división en este país.

En días pasados el Presidente Calderón dio a conocer dos iniciativas en materia de justicia penal y seguridad pública de la mayor importancia. En una de ellas propuso al Senado diversas reformas constitucionales que, según la exposición de motivos, buscan fortalecer el combate a la inseguridad y al crimen organizado. Paralelamente, instaló un Consejo Consultivo con académicos, legisladores y funcionarios de los tres niveles de gobierno, con el fin de hacer propuestas que permitan establecer un sistema de Juicios Orales en el país.

Esta estrategia, que en un principio parece acertada pues incluye dos vías complementarias entre sí, tiene de hecho un sensible problema de fondo en tanto que una de esas vías bloquea de hecho a la otra. Es decir: si se aprueba la reforma constitucional que propone Calderón será imposible caminar hacia un sistema de Juicios Orales en el futuro.

Así, la propuesta en materia penal del presidente tiene una ironía. En la medida en que se apruebe -sin cambios- su iniciativa de reforma constitucional, se limitaría el trabajo del Consejo Consultivo incluso antes de que éste empiece a preparar una propuesta de Juicios Orales. ¿Cuáles son los principales problemas de la propuesta del presidente? ¿Por qué es importante que el Senado los corrija cuanto antes?

Hace 150 años, el constituyente de 1857 tomó la decisión histórica de acabar con el bicameralismo en México y a partir de una cerrada votación de 44 votos a favor y 38 en contra decidió de un plumazo desaparecer el Senado de la República. No hay otra constitución mexicana, ni antes, ni después, que haya establecido un sistema legislativo de una sola cámara a nivel federal. Siglo y medio más tarde, la Cámara de Senadores todavía no recupera la totalidad de sus facultades originales y los ciudadanos heredamos las consecuencias de un momento particular de nuestra historia que valdría la pena dejar atrás.

Si bien en 1874, después de cinco años de discusión, el Congreso accedió a la restauración del Senado, al momento de asignarle sus facultades constitucionales, convenientemente lo excluyó de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y de revisar la Cuenta Pública.

Esta peculiaridad no fue corregida por el constituyente de 1917. Tampoco se atendió en ninguna de las 117 reformas constitucionales que se realizaron durante las etapas post-revolucionaria y de partido dominante, ni en las 52 reformas a la constitución acordadas bajo el sistema multipartidista vigente de septiembre de 1988 a la fecha. Así, el Senado de México es una Cámara federal con funciones incompletas.

No ha de ser fácil convocar a una huelga general. Tampoco ha de ser fácil ejecutarla. ¿Cómo paralizar a un país de 4 millones de habitantes? ¿Cómo impedir que trabajen incluso aquellos que no comparten los motivos políticos detrás de la huelga?

Cuando uno ve el plan que se puso en marcha desde Tiro -al sur de Líbano- la respuesta parece sencilla: prendiendo fuego a llantas amontonadas en las principales calles de la ciudad. Esto se repitió el martes 23 de enero en Beirut y en los accesos a otras ciudades, convirtiendo la huelga en una realidad.

Miles de Libaneses que compartieron los objetivos de la huelga salieron a las calles, celebrando con música, banderas y gritos. Miles más, que no estaban a favor de la huelga, la siguieron en la radio o la televisión pues no pudieron llegar al trabajo, a la escuela o al aeropuerto. El Ejército estuvo en las calles, pero no intervino en lo que sucedió. Las humaredas se veían en el horizonte de ciudad en ciudad. El martes, el país no pudo trabajar.

Durante la campaña electoral de 2006 diversos candidatos se comprometieron a reformar el sistema de justicia penal que tenemos en México para avanzar hacia un sistema de "juicios orales". Uno de ellos fue Felipe Calderón, pero no fue el único. Otros candidatos triunfantes que tenían este tema en su agenda ocupan hoy posiciones de liderazgo parlamentario al frente de sus propios partidos políticos. Ha llegado el tiempo de rescatar los consensos de la campaña y dejar atrás los elementos de polarización. El impulso, la discusión y aprobación de una reforma integral a favor de los juicios orales será un buen primer paso en ese sentido.

El foro de discusión natural para este tema es el Congreso de la Unión y el país merece que se celebre un debate de altura. Los elementos que consideramos fundamentales para esta discusión son los siguientes:

 
¿Por qué una reforma en materia de juicios orales?

 
Partamos de una certeza: el sistema penal mexicano está en completa bancarrota. Ninguno de sus principales actores puede estar satisfecho con su funcionamiento actual. Todas las estadísticas disponibles nos permiten concluir que el proceso penal mexicano hace agua por todos lados.

 

 

Los integrantes de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República entrevistarán, los días 28 y 29 de noviembre de 2006, a los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rafael Estrada, María Teresa Herrera y Fernando Franco. En este ejercicio editorial siete académicos ponen sobre la mesa, en ensayos no mayores a 250 palabras, preguntas que deberían tomarse en cuenta sobre temas clave como remuneraciones, juicios orales, impuestos, derecho internacional, derechos fundamentales y transparencia.

 

Los artículos son independientes pero complementarios entre sí. Participan Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra del CIDE, Miguel B. Treviño de Hoyos del ITESM, Luís M. Pérez de Acha de la Escuela Libre de Derecho, así como Miguel Carbonell, Pedro Salazar y Enrique Ochoa Reza de la UNAM.

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El próximo 30 de noviembre se abre una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Juan Díaz Romero dejará su función después de casi 12 años de servicio en la Corte que fue integrada a partir de la reforma de 1994. En consecuencia, el presidente de la República enviará próximamente a consideración del Senado una lista con tres nombres para iniciar el procedimiento que designará al nuevo ministro de la Corte para el periodo 2006-2021.

Nuestra Constitución establece un mecanismo poco común para el nombramiento de los ministros, el cual favorece al presidente en turno, siempre y cuando tenga el apoyo de 33% + 1 de los miembros del Senado. Veamos por qué.

Junto a las Secretarías de Hacienda y Gobernación, el puesto de Procurador General de la República está entre los más difíciles de llenar. El aspirante debe satisfacer, al mismo tiempo, requisitos de personalidad, formación jurídica y capacidad política. No es gratuito que sea el único cargo del gabinete que requiera de la ratificación del Senado de la República, que, dada la conformación actual de éste, exigirá de un acuerdo multipartidista.

Estamos ante un cargo para el que el pobre desempeño es la norma demostrada recurrentemente por indicadores sencillos y contundentes. Para empezar, en México se castiga solamente uno de cada 100 delitos cometidos; de ello se deriva que los niveles de confianza ciudadana hacia el Ministerio Público y la policía judicial sean tan bajos y cada vez sea más atractiva la justicia por cuenta propia. El crimen organizado avanza a lo largo y ancho del país y esto se refleja en el creciente número de asesinatos entre bandas de delincuentes y elementos policíacos. No hay barniz que esconda el problema.

Este artículo pone sobre la mesa tres preguntas que tienen que ver con el abordaje a los problemas desde su raíz y, por lo tanto, pueden servir al Presidente Electo Felipe Calderón y al Senado de la República quienes habrán de nombrar y ratificar al futuro procurador. Si el problema de la justicia es sistémico, de poco sirve tener un procurador hábil, pero sin proyecto de largo alcance. Si bien estas preguntas no agotan la complejidad del problema, su respuesta sí permite intuir los paradigmas bajo los cuales trabajará el futuro procurador:

¿Abogado, está usted a favor de los juicios orales en materia penal; del acceso a expedientes de juicios en proceso; y de castigar a quien desacate la sentencia de un juez?