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Una iniciativa peligrosa y regresiva

Miguel Carbonell

El Universal / 3 mayo 2007

El pasado 9 de marzo el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado de la República cuatro iniciativas que suponen su programa de reforma en materia penal. Nadie puede dudar de la necesidad de realizar una profunda reforma a nuestro sistema penal, pero la ruta elegida por Calderón es sumamente peligrosa y además es regresiva.

El Presidente propone reformar la Constitución para llevar hasta el texto de la Carta magna una especie de cheque en blanco a favor del Ministerio Público para que pueda dictar medidas cautelares dentro del “procedimiento penal”. Esto significa que el MP, cuya historia reciente está plagada de errores y corruptelas tanto a nivel federal como local, podrá detener a una persona, incautar precautoriamente sus bienes, obligarla a no abandonar una demarcación territorial, etcétera. Es decir, Calderón propone que a uno de los principales autores de los mayores abusos dentro del sistema penal se le amplíen los poderes que tiene actualmente, en detrimento de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

La iniciativa de Calderón no ayuda a corregir el problema de la falta de definición de los delitos graves. Actualmente la Constitución permite al legislador local y al federal determinar como grave cualquier tipo de delito (y los Ministros de la SCJN, en lugar de hacer su trabajo como deberían, les han ratificado esa potestad ilimitada a los diputados). En vez de arreglar este problema de raíz, Calderón solamente intenta una tímida redefinición, al proponer que por delito grave se entiendan aquellos que “afecten seriamente la tranquilidad y la paz públicas”. ¿Qué añade eso a lo que hay actualmente? Casi nada o nada: los legisladores seguirán teniendo un gran margen de discrecionalidad para establecer los delitos que deben ser considerados como graves, de modo que la prisión preventiva seguirá siendo la regla y la libertad caucional la excepción, lo cual es contrario a diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Calderón propone constitucionalizar el arraigo, figura que había sido considerada inconstitucional por la Suprema Corte hace un par de años. De esa forma lo que era una aberración del legislador se pretende convertirla en una aberración del texto constitucional.

Calderón le pide al Senado que continúe por la peligrosa senda de crear un sub-sistema penal aplicable solamente a los casos de delincuencia organizada. Se trata de medidas que tienden a constitucionalizar el “derecho penal del enemigo” y que comportan una guantanamización del ordenamiento jurídico mexicano (debo esta expresión a la inteligencia y lucidez de Miguel Sarre). Lo peligroso es que la Constitución no define hoy en día, ni lo hará si se aprueba la reforma de Calderón, qué debemos entender por delincuencia organizada. La ley respectiva ha dado lugar a un alud de críticas por parte de los más reconocidos expertos en México, como don Sergio García Ramírez. ¿Por qué entonces deberíamos profundizar una ruta que ya se ha probado ineficaz y contraria a los derechos humanos? Las alternativas viables son: o establecer los mismos derechos y obligaciones para todas las personas que enfrentan un proceso penal o bien definir con precisión qué delitos deben ser considerados como de delincuencia organizada. Dejar este asunto abierto a la decisión del legislador ya se ha demostrado que es un error, pero Calderón busca perseverarlo, no enmendarlo.

El Presidente propone una muy tímida ruptura del monopolio de la acción penal, pues remite a la ley para que se señalen los casos “excepcionales” en los que los particulares podrán solicitar directamente la apertura de un proceso penal ante el juez competente. Es necesario abrir con mayor contundencia ese monopolio y hacerlo clara y contundentemente desde el texto constitucional.

En su propuesta de reforma al Código Penal Calderón propone la instauración de la prisión vitalicia, olvidando de lleno que el fin de la prisión en México es la readaptación social de las personas sentenciadas. ¿Cómo se readaptará una persona que va a salir de la prisión el día en que muera? La prisión perpetua es inhumana y su instauración en México es una regresión jurídica, política y moral. A estas alturas sabemos perfectamente que el problema no es la “cantidad” de penas con que se sanciona un delito, sino que ninguno de nuestros más de 1,000 cuerpos policíacos es capaz de dar con los responsables y ponerlos ante un juez. La fórmula de subir las penas se instala en una larga tradición de demagogia legislativa, basada en la idea de que el crimen se combate con base en modificaciones a los códigos. Como si los delincuentes leyeran el Diario Oficial de la Federación .

Por todo lo anterior es que las iniciativas de Calderón deben ser rechazadas o enmendadas a profundidad por los senadores. Da mucha tranquilidad saber que algunas de ellas pasarán por las manos competentes, serenas y responsables de legisladores como Pedro Joaquín Coldwell o César Camacho, que seguramente no se sumarán a este tipo de expresiones regresivas y peligrosas.

El mayor acierto que tiene la propuesta de Calderón es la de unificar la legislación penal, de modo que en vez de tener 33 códigos penales tengamos uno solo para toda la República. De esa forma se atendería un viejo reclamo de la doctrina jurídica mexicana, que lo había solicitado desde los años 40 del siglo pasado (a través de los escritos de Raúl Carrancá y Trujillo).

Algunos de los detractores de esta propuesta sostienen, equivocadamente, que es contraria al significado de nuestro sistema federal. No es así. El federalismo es una forma de organización territorial de las funciones públicas que, en última instancia, debe estar al servicio de los ciudadanos y de sus intereses. ¿Qué sirve más a todos los habitantes de México, tener un solo código penal o tener 33 ordenamientos punitivos?

La propuesta de un Código Penal Único puede y debe ser aprobada. Casi todo lo demás que propuso Calderón debe ser rápida y claramente desechado.

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La reforma penal propuesta por Felipe Calderón

Guillermo Zepeda Lecuona*

En uno de los principales temas de la agenda nacional como es el de la seguridad y la justicia penal, y en el que asumió muchos compromisos durante su campaña, Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma constitucional en la que algunos aciertos son eclipsados por completo por la agudización de la inequidad y el aumento de los espacios para la  arbitrariedad en el sistema penal. Además, sin reformar a las instituciones, se les brindan nuevas atribuciones; se proponen medidas de descongestión sin contrapesos que, en un entorno procesal de opacidad, podría propiciar que los abusos de los agentes de autoridad se incrementaran. Calderón cuenta con asesores que impulsan una mejora cualitativa del sistema; en tanto que el personal operativo demanda más atribuciones sin contrapesos y el endurecimiento de las penas. Es evidente que éste segundo grupo es el que está predominando en el ánimo del Presidente al momento de la toma de decisiones.

Por lo que se refiere a las acciones de inseguridad pública, la iniciativa propone la creación de un régimen de excepción para el combate a la delincuencia organizada, es decir, establecer un régimen especial en el que la autoridad policial y el ministerio público tengan mayores facultades,  como realizar cateos, dictar medidas cautelares y en caso de delincuencia organizada, podrá disponer el arraigo. La discusión pública debe centrarse en si es necesario este régimen especial. Las facultades (averiguaciones compartidas, escuchas telefónicas, entre otras) de la actual legislación federal y las contempladas en las legislaciones locales que tienen disposiciones sobre delincuencia organizada son escasamente utilizadas y cuando se emplean son generalmente concedidas o avaladas por las autoridades judiciales, ¿entonces es necesario extender estas facultades? El debate para responder esta interrogante la autoridad debería presentar un diagnóstico y una prospectiva sobre el impacto de estas facultades en el combate a la delincuencia y la rendición de cuentas que se hará sobre su desempeño, para que no sea un cheque en blanco para las instancias policiales.

En lo que se refiere a la justicia penal, la iniciativa del Presidente Felipe Calderón plantea algunas medidas para descongestionar y hacer más eficiente la operación del sistema. Se establece la posibilidad de mecanismos alternativos (como podría ser la conciliación, mediación, acuerdos reparatorios, etc.), así como el juicio abreviado (reconocer la participación en los hechos a cambio de una reducción significativa de la sanción). Sin embargo, no se plantea una transformación cualitativa al proceso penal, dejándolo como un sistema inquisitivo, inequitativo y muy injusto. Quienes no se sometan a las salidas alternas que se proponen, se enfrentarían al pésimo proceso penal tradicional. Se podría llegar a la paradoja de hacer más eficiente un sistema muy injusto; de que se sigan cometiendo atropellos y violaciones de derechos humanos, pero en menos tiempo y a menor costo.

En conclusión, se nos plantea que la única salida al desafío del crimen es dar un voto de confianza a las policías de todo el país, dándoles mayores facultades para combatir al crimen organizado, sin contrapesos efectivos y a pesar de que no se ha logrado su cabal profesionalización; para la delincuencia ordinaria se ofrece hacer más eficiente la procuración e impartición de la injusticia.