En dos virtudes se sintetiza la propuesta de reforma constitucional para impulsar los juicios orales que recibió la semana pasada el Senado de la República.

La primera es que se trata de un trabajo de ingeniería jurídica encaminado a cambiar aquellos engranes motrices que permitirían transformar lo que tenemos, en lo que los chilenos llaman "un sistema de construcción de verdad".

La segunda es que cada palabra agregada a la Constitución fue pasada por el tamiz de su posible aportación al respeto de los derechos humanos de todos los involucrados en un juicio.

Los Senadores de las Comisiones de Justicia, Reforma del Estado, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos recibieron de manos de las más de 30 organizaciones que conforman la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales una propuesta para hacer modificaciones a cinco artículos de la Constitución.

Lo entregado al Senado es producto de meses de trabajo que dan como resultado un texto que no pasa de cuatro cuartillas en las que se precisan las modificaciones a esos cinco artículos constitucionales (el anteproyecto se puede ver en www.juiciosorales.com).

Las modificaciones a nuestra Carta Magna, para ser exitosas, tienen que ser tiros de precisión y, para ello, trabajó un grupo de académicos de primera línea.

La propuesta original elaborada por Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue revisada en diferentes sesiones por Ana Laura Magaloni del CIDE, Enrique Ochoa de la UNAM, Emilio Rabasa del ITESM y Miguel Sarre del ITAM.

Son cinco los ejes de esta propuesta que puede ser el punto de partida con el que el Legislativo empiece a trabajar en una reforma a la que ya se comprometió:

1. Estándares internacionales

De aprobarse, sería el primer paso para poner a la justicia mexicana al día.

Hoy estamos atrasados no sólo con respecto a las mejores prácticas internacionales, sino incluso con respecto a nosotros mismos.

Un país democrático es incompatible con la violación sistemática a la presunción de inocencia, con la implementación abusiva de la prisión preventiva y con el uso de pruebas en un juicio obtenidas ilícitamente.

2. Oral y transparente

Si algo podemos probar todos los días en cualquier juzgado en este País es que aquello a lo que nuestro sistema dedica todas sus energías -a llenar expedientes- nada tiene que ver con hacer justicia.

Lo que sí se ha probado en diferentes países -incluso en los que vienen de tradiciones escritas como la nuestra- es que el acceso a la justicia está en relación directa con que todas las etapas del juicio se desahoguen oralmente, frente a un juez, en sesión abierta al público y a través de un proceso concentrado. Es decir, que no pase mucho tiempo entre el inicio y el final del juicio.

3. Romper monopolio de la acción penal

El Ministerio Público está siempre obligado a investigar y perseguir la posible comisión de un delito.

Pero esto no debe convertirse en impedimento -como el que existe actualmente- para que un particular, sin intermediación del MP, aporte las pruebas que puedan poner a un criminal tras las rejas. A esto se le llama romper el monopolio de la acción penal.

4. Derechos de las víctimas

La reforma propuesta enfatiza la necesidad de buscar la reparación del daño causado a las víctimas.

Incluso la existencia de salidas alternas al juicio, elemento fundamental de la reforma, es una manera de darle a la víctima la oportunidad de elegir aquel arreglo, un acuerdo reparatorio o ir a juicio, que le resulte más atractivo.

5. Énfasis en la implementación

La clave de una reforma exitosa está muchas veces en la implementación.

En este renglón, la reforma constitucional presentada busca asegurar a las autoridades locales y federales un periodo razonable para llevar a la práctica la reforma, prevé la necesidad de una ley del debido proceso penal que desarrolle a detalle lo que en la Constitución sólo se enunciaría y hasta propone la creación de una oficina temporal, dependiente de la Presidencia de la República, que se encargue de la difusión, capacitación y asesoría necesarias para que tenga mayores posibilidades de llegar a buen puerto en todo el País.

Serán los legisladores quienes determinen las características que habrán de distinguir a la reforma, pero en la propuesta de Carbonell, Magaloni, Ochoa, Rabasa y Sarre tienen un excelente punto de partida.

Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información. Correo: juanciudadano@juanciudadano.com