La situación actual de la justicia en México es inaceptable. Por un lado, los ciudadanos sienten que los bienes más preciados (comenzando por su vida, su libertad o el patrimonio familiar) no son debidamente protegidos por las autoridades encargadas de hacerlo. Pero por otra parte también saben que en caso de que deban acudir a las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia, la posibilidad de que sean correcta y completamente satisfechas sus pretensiones son muy bajas. Así, la justicia pendiente tiene dos caras: por un lado, el ciudadano no confía en las autoridades que lo protegen de ser la víctima de un delito, por el otro lado, lamentablemente tampoco confía en las autoridades que procuran e imparten justicia cuando uno ya se ha convertido en la víctima.

En un año de múltiples elecciones estatales y federales no hay tiempo que perder y los ciudadanos tenemos mucho que ganar. ¿Cuáles son las reformas necesarias para poder contar con un aparato de justicia más eficiente, menos politizado, más transparente y ajeno en lo posible a la corrupción?

Aunque las propuestas de reforma a nuestro sistema jurídico podrían abarcar cientos de páginas, es posible identificar algunos cambios esenciales, que generen un efecto dominó hacia otras modificaciones deseables. Lo que nos hace falta en materia de justicia son tiros de precisión, mismos que produzcan un efecto de cambio multiplicador. ¿Qué proponemos?

 
Las autonomías pendientes

 
Primero, darle autonomía al procurador y al Ministerio Público.

Actualmente tanto los procuradores como el Ministerio Público dependen directamente de los titulares del Ejecutivo, sea el presidente de la República en el nivel federal o de los gobernadores en los estados. La falta de independencia ha generado una enorme e inaceptable intromisión de la política dentro de un campo que debería ser lo más técnico posible. La política no debe tener espacio en la integración de las averiguaciones previas y tampoco en la consignación (o no) ante un juez si se reúnen las causas legales para ello. Hoy la realidad dista mucho del ideal.

¿Cómo se le da autonomía al procurador y al Ministerio Público? Proponemos dos caminos paralelos. Por un lado, retirar al Ejecutivo como encargado único del proceso de nombramiento del procurador, sacando a la vez a las procuradurías del ámbito orgánico del propio Ejecutivo. Por el otro, crear un servicio profesional de carrera para el Ministerio Público que fortalezca y premie la capacidad de investigación técnica. Se trataría de tener una "carrera ministerial" semejante a la que existe en el Poder Judicial.

La autonomía de las procuradurías, lejos de ser una idea original, es una medida que ha sido probada con éxito en otros países. Los mecanismos particulares para el nombramiento del procurador varían. Unos países privilegian el nombramiento a través de una súper mayoría en el Congreso. Otros requieren la presentación de ternas a propuesta de las barras de abogados. Cualquiera que sea la particularidad del método final, en caso de implementar la autonomía del procurador, estaríamos retomando una de las mejores prácticas a nivel internacional.

El servicio profesional de carrera para el Ministerio Público puede corregir una serie de incentivos en materia de justicia que hoy están al revés. El sistema hoy premia profesionalmente el número de detenciones y no el grado de peligrosidad del detenido. Así, el aparato de investigación del Estado concentra su esfuerzo en las detenciones infraganti, aun cuando éstas se deban a delitos menores, y no se concentra en las detenciones que requieren investigación y tiempo consecuentes con delitos de mayor peligrosidad.

En consecuencia, los separos y los reclusorios tienen sobrecupo de presuntos delincuentes menores, mientras quienes cometen delitos mayores sobreviven en la más completa impunidad. Un sistema de reconocimiento profesional con base en la capacidad y efectividad de la investigación pondría los incentivos en el sentido correcto. En suma, se requiere una reforma para que los Ministerios Públicos asciendan profesionalmente porque investigan para detener y no porque detengan para investigar.

 
Justicia de viva voz

 
La segunda reforma que proponemos es la incorporación de juicios orales en los sistemas jurídicos penales de cada estado de la República, de la Ciudad de México y también a nivel federal.

Actualmente en toda la República, salvo en el estado de Nuevo León, la justicia penal se imparte de espalda a la sociedad. Esto es muy propicio para generar y reproducir todo tipo de vicios. Durante el proceso judicial, ni la víctima ni el ofensor tienen el derecho de presentar su caso directamente ante el juez. Si a esto le agregamos la enorme cantidad de casos atrasados, resulta que la justicia se imparte sin transparencia y de manera muy lenta.

Los juicios orales permiten un escrutinio público intenso sobre el quehacer judicial. También permiten desahogar con menos formulismos la enorme cantidad de juicios que se ventilan en nuestros tribunales, lo que ayuda a reducir el retraso histórico y facilita la prontitud de la justicia. Asimismo, los juicios orales abren la posibilidad de resolver los problemas jurídicos por vías alternas que satisfagan a todas las partes. La oralidad acerca al juez con los justiciables, exige la presentación pública de las pruebas y la presencia física ininterrumpida durante todo el proceso del juez, la víctima, el acusado, los abogados y las autoridades que investigaron el caso. En suma, los juicios orales permiten que la justicia nos escuche y también ayudan a revalorar el prestigio social del buen juez.

La introducción de juicios orales ha sido exitosa en Chile, Colombia y Alemania. También se tienen buenos resultados en el estado Nuevo León. La oralidad en México sigue avanzando. En Chihuahua, el 18 de enero del 2006, se presentó un paquete legislativo para la Reforma Integral al Sistema de Justicia Penal de dicho estado que incluye, entre otras propuestas, la introducción de juicios orales. Dicha iniciativa de reforma constitucional y legal cuenta con el respaldo del gobernador, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y del presidente del Congreso local.

En los próximos días también se introducirá una avanzada iniciativa en la materia en el Congreso de Oaxaca. Los estados de Tamaulipas y Jalisco pueden ser los siguientes en discutir en sus congresos locales la conveniencia de los juicios orales. Esta tendencia favorable debe llegar a todos los estados, a la Ciudad de México y sobre todo al Congreso de la Unión.

 
El amparo pernicioso

 
La tercer propuesta es la de renovar nuestra vieja Ley de Amparo.

El juicio de amparo ha sido por décadas el gran instrumento protector de los derechos fundamentales de los mexicanos. Lamentablemente, por varias razones, se ha ido quedando rezagado. En la actualidad ha pervertido en parte su propósito original, pues lo mismo sirve para mantener abiertos giros negros que para permitir que los taxis piratas operen con impunidad.

Hoy el amparo ya no es un mecanismo que permita una efectiva protección frente a abusos reales de las autoridades. Sus efectos restringidos a las partes que promovieron el juicio hacen que quienes no tengan el tiempo o los recursos para contratar a un buen abogado simplemente no tengan acceso a la justicia. Esto es especialmente grave en materia fiscal, pues las leyes tributarias declaradas inconstitucionales se siguen aplicando a miles de contribuyentes que no han promovido su respectivo amparo por las razones que sean.

Urge aprobar una nueva Ley de Amparo, que nos permita configurarlo como una herra- mienta moderna y útil para protegernos a todos de la arbitrariedad gubernamental. La idea sería tener algo parecido a lo que en Colombia es la "acción de tutela", que ha dado unos resultados muy positivos.

Las anteriores son simplemente tres ideas que creemos que son útiles y que a su vez tendrían efectos multiplicadores si se ponen en marcha. Lo importante para los habitantes de México es que discutamos con seriedad las mejores alternativas para sacar a nuestro sistema de justicia del atraso en el que se encuentra. Y el año 2006 es el mejor momento para realizar propuestas y exigir a los candidatos que se pronuncien sobre ellas.

 
* Miguel Carbonell es Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

* Enrique Ochoa Reza es Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su página de Internet es: www.enriqueochoareza.com