La situación en Líbano no mejora. Esta semana se cumplen ya más de cuatros meses de confrontación entre la coalición gobernante, marzo 14, y la coalición opositora, marzo 8. Durante estos 120 días hemos visto prácticamente de todo: renuncias en el gabinete, homicidios políticos, plantones en el centro, un día de huelga general, y actos de terrorismo en contra de la población civil.
A todo ello, el pasado martes se ha sumado un elemento adicional. De acuerdo con la Constitución libanesa, el parlamento debería reunirse para iniciar su periodo de sesiones el pasado martes 20. La fecha era importante pues un amplio esfuerzo político y ciudadano se había puesto en marcha para que la crisis política terminara cuanto antes y que el gobierno se reuniera por fin a trabajar. Pues bien, la fecha clave llegó y pasó, y el parlamento simplemente sigue sin reunirse. Esta situación puede provocar, de hecho, una crisis constitucional. ¿Qué fue lo que pasó?
Hay dos explicaciones. Primero, para iniciar los trabajos es necesario que el líder del parlamento, que constitucionalmente debe ser un chiíta, convoque a sesiones. Actualmente ésta responsabilidad recae en Nabih Berri, quien además de ser un experimentado político, es uno de los principales líderes de la oposición. ¿Por qué entonces se negó Berri a convocar al parlamento?
Esto nos lleva a la segunda explicación. Berri se había reunido cuatro veces en días recientes con uno de los principales líderes del gobierno, el sunnita Saad Hariri. Las reuniones iban por buen camino y parecía que ambos lados obtendrían una victoria. Formarían un gobierno de unidad y se aprobaría un Tribunal Internacional para investigar el homicidio del exPrimer Ministro Rafik Hariri. Sin embargo, grupos minoritarios dentro del gobierno, acostumbrados al chantaje, han boicoteado el acuerdo. Saben que en un gobierno de unidad, ellos pierden fuerza. Lo que no queda claro es cuanto ganarán si la negociación se sustituye por violencia.
Para ABC Radio, desde Líbano, Enrique Ochoa Reza, www.enriqueochoareza.com