El IFE ya dejó atrás su función de autoridad electoral y ha pasado a ocupar el banquillo de los acusados. Ésta es una de las ironías de nuestro sistema electoral. La nueva etapa en el proceso exige que los actores desempeñen roles distintos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es ahora la autoridad; el IFE la parte demandada. Calderón y López Obrador ya no buscan ganar el voto ciudadano. De hecho, intentan anularlo cuando no les favorece. Ahora los partidos trabajan para ganar litigios.

¿Cuáles son los procedimientos legales que puede seguir López Obrador para cambiar el resultado final de la elección presidencial? ¿Qué puede hacer Calderón para evitarlo?

Una elección tan cerrada abre dos posibilidades para que cambie el resultado definitivo. Por un lado, se puede anular la votación recibida en casillas para que el resultado dé la vuelta. Por el otro lado, se podría anular la elección presidencial para repetirla en el futuro próximo.

Para anular la votación de una casilla se sigue un juicio de inconformidad. En dicho juicio los partidos impugnan las actas de cómputo distrital del IFE y piden la nulidad por alguna de las causales explícitas previstas en la ley. Son 11 causales entre las que se encuentran, por ejemplo, que la casilla se haya instalado en sitio distinto al preestablecido, que haya existido una sustitución irregular de funcionarios de casilla, o que haya existido presión sobre el electorado en la casilla.

Así, en este proceso de nulidad no se busca contar voto por voto, casilla por casilla. El objetivo es anular todos los votos de la casilla en cuestión. Los días recientes han sido fundamentales en este proceso. Al concluir cada cómputo distrital, los partidos tuvieron cuatro días para impugnar el acta. La mayoría de los distritos concluyeron su cómputo el miércoles 5 de julio, de modo que los partidos tuvieron entre el jueves 6 y el domingo 9 para impugnar. En los distritos que finalizaron su cómputo el jueves 6, los plazos se recorrieron un día.

Todas las impugnaciones se enviaron al IFE, quien publicó un resumen para que los demás partidos las conocieran. Si las impugnaciones les afectaban, los partidos tuvieron tres días para presentar un escrito de "Tercero Interesado" a fin de defender la casilla en cuestión. Vencido ese plazo, el IFE tuvo un día más para presentar su defensa en un "Informe Circunstanciado".

Una vez agotadas las etapas, a más tardar el sábado 15 de julio, el IFE mandó todos los expedientes de la elección al Tribunal. Cada uno contiene la impugnación de casillas por distrito, el Informe Circunstanciado y en su caso los escritos de Tercero Interesado. A partir de entonces, el proceso se desarrolla en cancha judicial. Los magistrados del Tribunal tienen hasta el 31 de agosto para resolver los juicios y hasta el 6 de septiembre para declarar el cómputo final y la validez de la elección. En términos del proceso, ni los partidos ni el IFE tienen mucho más que hacer. Inicia, claro está, la batalla por la opinión pública como mecanismo de presión extrajudicial hacia el Tribunal.

El trabajo del Tribunal será extenso. El PRD impugnó alrededor de 50 mil casillas, casi 35 por ciento del total nacional, mientras que el PAN cerca de 500. Por ello, en la mayoría de los casos los adversarios del litigio electoral se pueden dividir en dos. Por un lado, López Obrador, quien señala las deficiencias del IFE a fin de anular un número elevado de casillas. Por el otro lado, el IFE y el PAN con el objetivo común de defender el resultado como se encuentra hoy.

Adicionalmente, hay tres mecanismos que pudieran utilizarse para anular toda la elección presidencial. Si bien estos mecanismos no están expresamente establecidos en la ley para la elección presidencial, los primeros dos sí lo están para las elecciones de diputados y senadores, y el tercero se ha utilizado para anular elecciones de gobernador. El Tribunal, en su calidad de máxima autoridad, podría extender su uso en la elección presidencial.

Primero, la elección de diputados y senadores se anula automáticamente al anularse casillas en más del 20 por ciento de las secciones electorales. En el caso de la elección presidencial eso sería equivalente a anular casillas en al menos 12 mil 800 secciones electorales.

Segundo, la elección de diputados y senadores se puede anular cuando en forma generalizada existen violaciones sustanciales durante la jornada electoral (no antes), y que éstas sean determinantes para el resultado. Esto se conoce como la "causal genérica" de nulidad.

Tercero, nulidad por la llamada "causal abstracta". Ésta aplica cuando se violan principios electorales, como el de equidad, durante el periodo de la contienda, es decir, entre el 19 de enero y el 2 de julio. Entre los alegatos del PRD al respecto está la injerencia del Poder Ejecutivo en favor de Calderón. Por esta causal el Tribunal ya ha anulado, entre otras, las elecciones de gobernador en Tabasco (2000) y en Colima (2003).

En suma, en términos estrictamente jurídicos, no es imposible que se pueda repetir la elección presidencial. Lo cierto es que, según la ley, el resultado del IFE no es definitivo. Sólo lo será el que dicte el Tribunal y lo sabremos en menos de siete semanas. En ese momento la democracia de México necesitará de sus demócratas. Tanto para respetar los resultados, como para aceptar en paz las consecuencias definitivas del voto popular.

 
Enrique Ochoa Reza es profesor de derecho constitucional en la UNAM. Roberto Duque Roquero es profesor de derecho electoral en el ITESM y de sociología jurídica en la Universidad Anáhuac del Sur.

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