En mi carácter de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo a bien proponer al Doctor Enrique Ochoa Reza, destacado integrante de esta comunidad universitaria, como Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el periodo 2010-2019, en tanto que ha servido de manera destacada y con distinción a la Universidad, como alumno, becario, docente de tiempo completo y autor publicado.

Atendiendo a la convocatoria emitida el 30 de septiembre de 2010, por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la H. Cámara de Diputados, a continuación presento los argumentos que respaldan esta propuesta institucional.

A nueve días de las elecciones en Estados Unidos, las encuestas le dan a Barack Obama una ventaja en la intención del voto que, si bien no es amplia, será definitiva. En la más reciente, Obama recibe el 51 por ciento de los votos, mientras que John McCain, el 44 por ciento y 5 por ciento se mantienen indecisos (Gallup, 23 de octubre).

Pero recordemos que la elección presidencial estadounidense no se resuelve con los votos que se obtienen a nivel nacional. El candidato debe de ganar al menos 270 votos de un colegio electoral que tiene 538. Bajo este sistema, la ventaja de Obama sobre McCain se multiplica y es definitiva.

Supongamos que un ciudadano en California vota por Obama. Su voto se sumará al de todos los ciudadanos en ese Estado y si Obama gana California por un millón de votos o por uno solo, la totalidad de los votos electorales del Estado serán para Obama en el colegio electoral. Así, lo relevante en este sistema electoral es ganar estados, aunque sea por un solo voto.

Una vez que ha concluido el trámite formal de su aprobación, es momento de pensar en el conjunto de retos implicados en la tarea de hacer realidad los postulados de la reforma judicial. Si aceptamos que el objetivo de la reforma es lograr la transformación a fondo del procedimiento penal en su conjunto, entonces no debemos perder ni un minuto en su puesta en práctica, pues la tarea es de enormes dimensiones.

Uno de los artículos transitorios de la reforma señala que la Federación y las entidades federativas tendrán un plazo máximo de hasta ocho años para dar los pasos necesarios a fin de establecer un sistema de juicios orales en materia penal en el país. En consecuencia, debemos tomar desde ahora una serie de decisiones importantes a fin de que no suceda como en otros temas, en los que se tomaron medidas al cuarto para las doce cuando ya el tiempo era insuficiente para lograr los resultados esperados. El tiempo para actuar ha llegado. La reforma judicial puede dar como resultado una mejor justicia penal si se atienden con oportunidad los siguientes cinco retos en la ruta de su implementación:

Los mecanismos de apertura y transparencia que utilizó la Suprema Corte para resolver el caso de la Ley de Radio y Televisión han dejado atrás diversos mitos y establecen un referente positivo de cómo puede funcionar un nuevo sistema de justicia penal para el País. El siguiente reto para la Corte es impulsar que la publicidad y la transparencia se conviertan en la práctica común del sistema de justicia.

Las innovaciones que adoptó la Corte rompieron con una larga tradición histórica de hermetismo para sustituirla por mecanismos públicos y transparentes. Utilizó la internet para hacer público el proyecto de sentencia del Ministro Aguirre Anguiano; transmitió por televisión las audiencias del caso; escuchó los argumentos de las dos partes interesadas; permitió que expertos presentaran pruebas técnicas en audiencia pública y oral; con las pruebas sobre la mesa, resolvió cada uno de los elementos de la demanda, y finalmente, en una sesión abierta a las partes, sus abogados y el público en general, dictó sentencia.

En su discurso al cierre de las deliberaciones, el Ministro Ortiz Mayagoitia reconoció que la Corte adoptó "algunas medidas especiales que fueron de enorme utilidad para el proceso" y que la Corte "resolverá todos los asuntos venideros con el mismo espíritu de transparencia". Esta voluntad de cambio debe ser el punto de partida para revisar el funcionamiento del eslabón más débil del sistema de justicia: la materia penal.

Los enfrentamientos en Trípoli, al norte de Líbano, durante las últimas tres semanas han dejado docenas de muertos, más de 100 heridos y casi 20 mil personas desplazadas del campamento palestino Nahr el-Bared. La magnitud de los daños humanos y materiales es difícil de calcular.

Durante días el Ejército libanés y los miembros del grupo terrorista Fatah al-Islam mantuvieron como rehenes a cerca de 40 mil palestinos al interior de un campamento cercado, sin acceso a agua, con poca comida y sin poder salir de sus casas ante el riesgo de morir bajo el fuego cruzado. Si bien nadie sabe cómo terminará este triste episodio, valdría la pena revisar los sucesos que llevaron a él. ¿Hay en estos hechos alguna advertencia para México en cuanto al combate contra el crimen organizado?

Según las primeras versiones, los enfrentamientos iniciales al norte de Líbano provinieron de un acto circunstancial. El sábado 19 de mayo, un grupo armado asaltó un banco en Trípoli, llevándose un botín de mil 500 dólares. Al día siguiente, un comando del Ejército libanés había acorralado a los supuestos responsables en uno de los edificios de la Ciudad, mientras otros supuestos responsables habían huido al interior del campamento palestino.

En un primer intento por tomar control del edifico que servía como escondite, miembros del Ejército intercambiaron disparos con los presuntos delincuentes, resultando muertes en ambos bandos. Los sobrevivientes del Ejército pidieron refuerzos, y como es de esperarse, momentos más tarde llegaron tanques y más tropas. Poco después dio inicio propiamente el combate en diversos puntos de la ciudad.

En Beirut, un coche bomba explotó alrededor de la medianoche del domingo, cerca de un famoso centro comercial, mató a una mujer e hirió a 20 personas más. En la noche del lunes, casi 24 horas después, otro coche bomba explotó en una zona comercial dejando a cuando menos 10 personas heridas, incluyendo a dos niños.

Por difícil que parezca, estos actos de violencia -si bien demandan atención inmediata- no son el principal problema político que tiene Líbano. De hecho son tan sólo una lamentable manifestación de la confrontación política entre el gobierno y la oposición que durante más de seis meses le ha abierto las puertas al encono y a la división en este país.

En días pasados el Presidente Calderón dio a conocer dos iniciativas en materia de justicia penal y seguridad pública de la mayor importancia. En una de ellas propuso al Senado diversas reformas constitucionales que, según la exposición de motivos, buscan fortalecer el combate a la inseguridad y al crimen organizado. Paralelamente, instaló un Consejo Consultivo con académicos, legisladores y funcionarios de los tres niveles de gobierno, con el fin de hacer propuestas que permitan establecer un sistema de Juicios Orales en el país.

Esta estrategia, que en un principio parece acertada pues incluye dos vías complementarias entre sí, tiene de hecho un sensible problema de fondo en tanto que una de esas vías bloquea de hecho a la otra. Es decir: si se aprueba la reforma constitucional que propone Calderón será imposible caminar hacia un sistema de Juicios Orales en el futuro.

Así, la propuesta en materia penal del presidente tiene una ironía. En la medida en que se apruebe -sin cambios- su iniciativa de reforma constitucional, se limitaría el trabajo del Consejo Consultivo incluso antes de que éste empiece a preparar una propuesta de Juicios Orales. ¿Cuáles son los principales problemas de la propuesta del presidente? ¿Por qué es importante que el Senado los corrija cuanto antes?

Hace 150 años, el constituyente de 1857 tomó la decisión histórica de acabar con el bicameralismo en México y a partir de una cerrada votación de 44 votos a favor y 38 en contra decidió de un plumazo desaparecer el Senado de la República. No hay otra constitución mexicana, ni antes, ni después, que haya establecido un sistema legislativo de una sola cámara a nivel federal. Siglo y medio más tarde, la Cámara de Senadores todavía no recupera la totalidad de sus facultades originales y los ciudadanos heredamos las consecuencias de un momento particular de nuestra historia que valdría la pena dejar atrás.

Si bien en 1874, después de cinco años de discusión, el Congreso accedió a la restauración del Senado, al momento de asignarle sus facultades constitucionales, convenientemente lo excluyó de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y de revisar la Cuenta Pública.

Esta peculiaridad no fue corregida por el constituyente de 1917. Tampoco se atendió en ninguna de las 117 reformas constitucionales que se realizaron durante las etapas post-revolucionaria y de partido dominante, ni en las 52 reformas a la constitución acordadas bajo el sistema multipartidista vigente de septiembre de 1988 a la fecha. Así, el Senado de México es una Cámara federal con funciones incompletas.